•  No existe justificación para incrementar límites de velocidad que ponen en riesgo la vida de peatones y ciclistas.
  •  Sanciones del sistema «Fotocívica» deben ser apropiadas a la gravedad de las conductas para no fomentar su permisividad.

Ciudad de México a lunes 25 de marzo de 2019.-  El pasado 19 de marzo el Gobierno de la Ciudad de México publicó una serie modificaciones al Reglamento de Tránsito que vulneran el derecho a la movilidad segura de ciclistas y peatones y que resultan contrarias a la Constitución Política de la Ciudad de México, la Ley de Movilidad del Distrito Federal y recomendaciones de organismos internacionales especializados. Entre las nuevas disposiciones se encuentra la reclasificaciones de 11 vialidades de vías primarias a vías de acceso controlado y la implementación del sistema llamado «Fotocívica».

En la Ciudad de México, en promedio, 2.7 ciclistas y peatones pierden la vida al día por un hecho de tránsito. Tan solo el año pasado, se registraron más de 32 mil lesiones por atropellamientos. De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud (OMS), se estima que el incremento de un 1% de la velocidad media del vehículo da lugar a un aumento de 4% en la incidencia de hechos de tránsito mortales y de un 3% de los hechos de tránsito que resultan en traumatismos severos. El mismo organismo especializado recomienda que en las vialidades urbanas el límite de velocidad máximo sea de 50 km/h. Por ello, resulta preocupante que el Gobierno de la CDMX decida reclasificar 11 vialidades incrementando el límite de velocidad de 50 km/h a 80 km/h. El argumento técnico u operativo no puede ser una justificación para una medida que privilegia a las y los automovilistas y motociclistas y pone en riesgo la seguridad de todas y todos los demás usuarios de las vías contradiciendo los avances en materia de movilidad y seguridad vial logrados en esta ciudad y materializados en la Ley de Movilidad.

Las modificaciones al Reglamento de Tránsito también son una contradicción a los esfuerzos y recomendaciones de varias instancias internacionales y nacionales que promueven la seguridad vial al más alto nivel. La OMS, en su Plan del Decenio de Acción para la Seguridad Vial, establece como urgencia la mejor gestión de la seguridad vial mediante una serie de mecanismos multisectoriales, entre ellas y la más importante, la evaluación de la infraestructura viaria y mejora de su trazado. El Consejo Nacional para la Prevención de Accidentes (CONAPRA) por su parte, establece que es imperativo reducir las velocidades dentro de las urbes mexicanas para lograr disminuir la fatalidad de los hechos de tránsito.

Por otro lado, el sistema de «Fotocívica» puede generar un sentido de permisividad en conductores y conductoras de vehículos motorizados ya que las sanciones no son apropiadas a las conductas que ponen en riesgo la vida de ciclistas y peatones como es el caso no respetar la luz roja del semáforo, usar el teléfono celular y circular a exceso de velocidad. Si bien existe evidencia de que los sistemas de puntaje pueden ser efectivos para la prevención de conductas riesgosas en términos de seguridad vial en casos determinados, preocupa que su aplicación, lejos de contribuir a la reducción de las lesiones y muertes de tránsito, fomente la tolerancia a estas conductas. Es importante resaltar que los sistemas de puntos – o cualquier medida de sanción – no son eficientes para la prevención en tanto no exista una política integral de seguridad vial que contemple, sobre todo, modificaciones en la infraestructura vial.

Por lo anterior la Red Nacional de Ciclismo Urbano de México (BICIREDMX) y Liga Peatonal llamamos al Gobierno de la Ciudad de México a derogar las modificaciones al Reglamento de Tránsito respecto a la reclasificación de vías primarias y a reconsiderar las sanciones establecidas para las conductas que implican un riesgo a la vida de ciclistas y peatones del sistema «Fotocívica». Reiteramos la exigencia de la elaboración de una política pública en materia de seguridad vial basado en evidencia y que ponga al centro la movilidad urbana sostenible y la seguridad de todas y todos los usuarios de las vialidades.

 


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